Por: Carlos Andrés Naranjo Sierra
Al recorrer las calles de Medellín, parece cierto aquello de que la
norma se hizo para todos menos para quien la hizo. Es decir, las leyes
las cumplen los particulares pero no el Gobierno. En este caso el
municipal. Las normas de publicidad exterior las deben cumplir las
empresas privadas pero no la Alcaldía de Medellín.
La legislación nacional sobre publicidad exterior prohibe expresamente
la colocación de vallas en vias nacionales como la Avenida del Río por
considerarla una vía de alto riesgo debido a la valocidad de los
automotores. Igualmente tampoco deben colocarse vallas en zonas
residenciales como sucede con las salidas de algunos colegios y
universidades donde casualmente aparecen muchas vallas del Municipio. La
administración pública lo sabe, pues así se lo hace cumplir
permanentemente a los particulares a través de la Oficina de Espacio
Público pero cuando se trata de colocar una valla de la Alcaldía el
mensaje se trata bajo el seudónimo de «mensaje oficial» y no
publicitario, con lo cual prácticamente puede colocar su valla donde
le de la gana, haciéndole hábilmente el esguince a la norma.
Podría decirse que el asunto no es de contaminación visual sino de
contenidos. Unas vallas, las oficiales, supuestamente merecen un
tratamiento especial pues sus mensajes son de carácter público. Pero
ante este argumento primero habría que preguntarse porqué en la norma
se esgrimen argumentos de tipo arquitectónico y de seguridad vial para
prohibir el uso de publicidad exterior a los particulares en ciertos
sitios. Y segundo ¿es menos grave un accidente automovilístico si es
causado por un mensaje contra la anorexia que si es causado por un
mensaje de un refresco?
También cabría la posibilidad de preguntarles a los miles de
trabajadores de las empresas privadas, que mantienen sus empleos
gracias a las ventas que ayudan a producir las vallas comerciales, si
el trabajo que tienen para mantener sus familias no les parece un
asunto de interés público o si les parece menos importante que las
campañas proselitistas de la administración Fajardo, Salazar o Gaviria.
Estoy de acuerdo en que el exceso de publicidad exterior va en
detrimento de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad y de
la misma publicidad, por lo cual hay que tratar de mantener unas
cuantas especificaciones técnicas, pocas en lo posible, para el uso de
las vallas. Es por eso que no entiendo como un mensaje puede
considerarse contaminante si es privado y concientizante si es
oficial. Tal filosofía tiene un peligroso tinte antidemocrático en el
que el gobierno determina un criterio de justicia para sus gobernados y
otro muy diferente para sí mismo. Uno más de los peligros de ser juez y
parte.